“Ley Antipillos”: Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos
La “Ley Antipillos” de Ecuador, oficialmente conocida como la Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, fue promulgada por el presidente Daniel Noboa y publicada en el Registro Oficial el 10 de diciembre de 2024.
La “Ley Antipillos” de Ecuador, oficialmente conocida como la Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, fue promulgada por el presidente Daniel Noboa y publicada en el Registro Oficial el 10 de diciembre de 2024. Esta ley tiene como objetivo principal combatir el lavado de activos y el narcoterrorismo mediante la implementación de varias medidas y reformas.
Esta ley ha generado una serie de controversias y dudas sobre su autenticidad y legalidad. A continuación, se detallan algunos de los puntos más destacados de estas polémicas:
- Conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo: La Asamblea Nacional archivó la ley en su primer debate, lo que generó un conflicto con el Ejecutivo. El presidente Daniel Noboa decidió enviar la ley al Registro Oficial, lo que ha sido calificado por algunos legisladores como una acción inconstitucional.
- Demandas de inconstitucionalidad: La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Esta acción busca invalidar la ley debido a que, según la Asamblea, no se cumplieron los procedimientos legislativos adecuados.
- Preocupaciones sobre la seguridad jurídica: Algunos sectores, como la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (Cinae), han expresado preocupaciones sobre la seguridad jurídica de la ley. Argumentan que los impuestos deben estar claramente establecidos en la ley y no ser sujetos a resoluciones administrativas, lo que podría generar incertidumbre para los ciudadanos y las empresas.
- Debate sobre la efectividad de la Ley: Críticos de la ley, como el asambleísta Oto Vera, cuestionan la efectividad de las disposiciones de la ley para combatir el lavado de activos. Argumentan que la normativa incrementa la carga tributaria sin abordar adecuadamente los mecanismos de lavado de dinero.
- Publicación controvertida: La publicación de la ley en el Registro Oficial, a pesar de haber sido archivada por la Asamblea, ha generado tensiones y cuestionamientos sobre el balance de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Registro Oficial aclaró que no realiza controles de legalidad o de constitucionalidad de una norma, lo que ha dejado la decisión final en manos de la Corte Constitucional.
Estas controversias reflejan la complejidad y los desafíos que enfrenta la implementación de la “Ley Antipillos” en Ecuador. La resolución de estos conflictos será crucial para determinar el futuro de la normativa y su impacto en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos en el país.
Por otro lado, en medio de la controversia generada por esta ley podemos identificar algunas ventajas y desventajas.
Ventajas:
- Combate al crimen organizado: La ley busca debilitar las estructuras criminales al atacar sus fuentes de financiamiento, lo que podría reducir la incidencia de delitos graves como el narcotráfico y el lavado de dinero.
- Fortalecimiento Institucional: La ley incluye medidas para fortalecer la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), lo que mejorará la capacidad del Estado para detectar y sancionar actividades ilícitas.
- Formalización del mercado de vehículos usados: La ley establece un impuesto a la compraventa de vehículos usados, lo que busca formalizar esta actividad y reducir el uso de estos vehículos para el lavado de dinero.
Desventajas:
- Impuestos adicionales: La implementación de un nuevo impuesto a la compraventa de vehículos usados puede aumentar los costos para los compradores, lo que podría afectar negativamente a quienes dependen de vehículos de segunda mano.
- Controversias legales: La promulgación de la ley ha generado conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo que podría llevar a inestabilidad jurídica y posibles acciones legales que cuestionen la validez de la ley.
- Impacto en el sector automotriz: La incertidumbre sobre la aplicación de los nuevos impuestos y la falta de claridad en algunas disposiciones pueden generar inseguridad jurídica para los actores del sector automotriz.
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*Fuentes: El Universo, Prensa.ec, Primicias, Teleamazonas
